La participación de Javier Milei en un acto político en Brasil derivó en una denuncia penal por presunta malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Dos abogados cuestionaron que el viaje oficial, realizado con recursos del Estado nacional, haya tenido como finalidad respaldar la candidatura de Flávio Bolsonaro y no una actividad institucional.
La presentación judicial sostiene que el mandatario utilizó “el avión presidencial, la comitiva oficial y fondos del erario público” para asistir a un acto opositor en la República Federativa de Brasil, lo que, a criterio de los denunciantes, implicó un desvío de recursos públicos de su finalidad específica, consignó el diario "Ámbito".
Ataques verbales de Milei a Lula desatan tensión con BrasilLa denuncia pone el foco en las declaraciones que Milei realizó durante el acto político en San Pablo. Los abogados remarcaron que el mandatario libertario calificó al mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, de “presidiario”, mientras que al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes lo llamó “basura calva”.
Según la presentación realizada por los abogados José Magioncalda y Juan Martín Fazio, esas expresiones fueron pronunciadas “en un acto político opositor” y constituyeron una intervención en asuntos internos del país vecino.
Milei respaldó la candidatura de Flávio Bolsonaro y críticó a Lula en BrasilLos denunciantes sostuvieron que Milei “se pronunció sobre cuestiones de la política interna del país vecino, además de agredir verbalmente al oficialismo brasileño y a un importante magistrado del Poder Judicial”.
A su entender, esa conducta “desnaturalizó por completo el destino específico de los fondos públicos asignados por la ley de presupuesto para la representación exterior de la República Argentina”.
Asimismo, afirmaron que “los recursos del Estado fueron desviados para satisfacer intereses de una parcialidad política, provocando además un severo perjuicio a las relaciones diplomáticas bilaterales”.
La denuncia también invoca el principio de no injerencia en el derecho internacional. En ese sentido, cita la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Resolución 2625 de la Asamblea General de la ONU para sostener que ningún Estado debe intervenir en los asuntos internos de otro país.
Bajo ese argumento, los abogados entienden que los hechos podrían encuadrarse en el delito de malversación de caudales públicos, previsto en el artículo 260 del Código Penal, al considerar que bienes y recursos estatales habrían sido utilizados para fines distintos de aquellos para los que estaban destinados.
Además, sostienen que también podría configurarse el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, contemplado en el artículo 248 del Código Penal, por una presunta vulneración de las normas internacionales incorporadas al ordenamiento jurídico argentino.
Al Gabinete nacional y la Casa Militar
Como medidas de prueba, los denunciantes solicitaron que se requiera a la Jefatura de Gabinete nacional y a la Casa Militar toda la información vinculada al viaje presidencial, incluido el detalle de los gastos, los viáticos, los integrantes de la comitiva y las órdenes de vuelo del avión presidencial.
También pidieron que, una vez reunida la prueba, Milei sea citado a declaración indagatoria.